Por: Ignacio Coral

 La manera criminal como el Centro Democrático y otros grupos han rodeado la campaña electoral de la FARC, produjo que este nuevo partido resolviera suspenderla.  Su determinación ha sido señalada por Vargas Lleras y dirigentes políticos malquerientes del proceso de paz,  como desconocimiento de lo que es una campaña electoral en la que nadie está libre de abucheos, tomatazos y huevazos. Ello es cierto. Pero en el caso de FARC el ataque no se reduce solo a eso, sino que pasa a las encerronas, cargas con piedras y palos, incitaciones a la violencia con altoparlantes, atropellos y desmanes, incluso contra la autoridad.

Si la cosas se hubieran reducido a gritos y huevos, como es lo corriente, la FARC habría continuado tranquilamente su campaña  soportándolos. Más  lo que  aquí se evidencia es un propósito programado, preparado en sus detalles de movilización de gente – mucha de esta pagada generosamente – consignas, pancartas acopio de materiales de ataque, sitios de concentración, etc.

Si a todo esto se agregan los 40 ataques contra miembros de FARC que dejan 50 muertos “los 12 familiares de excombatientes, 28 de casos de excombatientes y 10 casos de líderes sociales  asociados a FARC que han sido asesinados en los últimos meses” – según el vicepresidente Oscar Naranjo –,  es claro que existe un plan de exterminio que puede cobrar la vida ya no solo de militantes sino de dirigentes Farianos. Hay pues una confabulación criminal que avanza, en la medida en que el odio se acrecienta y el cual atizan los llamamientos del Centro Democrático – desde Uribe hacia abajo –, provocadores profesionales como Gustavo Muñoz y periodistas como Herbin Hoyos de Caracol, que no son más que incitaciones al delito.

En buena hora suspende la FARC su campaña electoral, como una medida de autoprotección y al mismo tiempo de protesta y denuncia. Autocríticamente, se debe aceptar que FARC se dejó envolver y arrastrar por el qué hacer electoral, dándole prioridad sobre otras tareas urgentes,  contrariando una previa decisión y la recomendación “a no apresurarse de cara al debate presidencial”.

Cuando en enero de este año FARC presentó al Gobierno el análisis sobre la implementación de los acuerdos de la Habana, dado el flagrante incumplimiento de estos acuerdos por parte del Estado Colombiano – Gobierno, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía -, señaló con claridad y precisión los protuberantes incumplimientos  y errores cometidos a sabiendas por parte de este, el  listado no debió quedarse como un simple memorial de agravios, sino que  en orden a llamar la atención internacional y nacional pudo haberse respaldado con una negativa a la participación en la campaña electoral.

Esta determinación finalmente se ha tomado y no es tarde para la acción y la denuncia internacional de Colombia como un Estado corrupto y mafioso, como en su oportunidad lo calificó Gustavo  Petro, y atender prioritariamente cuestiones internas tales  como la liberación de los centenares de prisioneros farianos, la detención de guerrilleros amnistiados, el apoyo  a los proyectos  productivos de excombatientes, los problemas de su identidad, su acceso a la bancarización, etc.

Logrado esto, organizado el cuerpo exguerrillero, habrá la fuerza y la generación de opinión necesaria para exigir el cumplimiento de los grandes temas que contemplan los acuerdos. Por supuesto que las denuncias de la corrupción, el mal gobierno, las necesidades populares, la defensa de los acuerdos y la paz, han de continuar sin desmayo.

“Paso a paso  y con olfato, las mulas se abren camino”, le oímos decir alguna vez al comandante Manuel Marulanda Vélez.

 

Cali, febrero 10 de 2018

 

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