Cerca de 30 hechos de homicidios contra líderes y defensores de derechos se han cometido en Colombia en lo que va del año 2018, cifra que se suma a los 175 asesinatos en el 2017.

Según Lizeth Montero, abogada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, “los hechos de homicidio se están concentrando en aquellos que se han mostrado publica y abiertamente afines con el proceso de paz y con la implementación de los acuerdos, el liderazgo que han asumido estas personas en las comunidades en donde es urgente la implementación del punto cuatro, la sustitución voluntaria y concertada de cultivos, está desatando una arremetida”. Arremetida que según la defensora de derechos humanos es realizada no solo por los actores económicos que se disputan los corredores históricos del narcotráfico, sino también por parte de “la fuerza pública, responsable de un gran número de estos homicidios en el marco de erradicación forzada”

Las autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, organizaciones sucesoras del paramilitarismo y la organización criminal que hace presencia en las zonas antes ocupadas las FARC, serían los principales responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los líderes y defensores de derechos humanos. Según la abogada los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, es en donde se concentra en mayor número de asesinatos de líderes sociales.

“Las medidas que se toman no son adecuadas a las condiciones de los territorios, lo que hace la Unidad de Protección dotando de vehículos blindados, chalecos antibalas, hombres de protección a los líderes, no resuelve una situación de orden estructural que parte además de las condiciones propias en la que están las comunidades” afirma Lizet Montero, frente a la seguridad que el estado está obligado a brindar a los líderes sociales para preservar su vida y agrega además, que “ si el gobierno no avanza  a partir de una decisión de estado hacia una concepción de seguridad humana, considerando la necesidad de la oferta suficiente de bienes y servicios en los territorios,  pues va  a ser muy difícil pensar que la seguridad pueda configurarse con esos enfoques diferenciales que hemos insistido”

Frente al asesinato de dos líderes reconocidos por su labor social en el municipio de Guapi departamento del Cauca a manos al perecer del Ejercito de Liberación Nacional ELN, la defensora expresa que se ha solicitado el pronunciamiento de esta guerrilla, pues “lo más difícil de esta situación es que sea una insurgencia quien privilegie los intereses de las economías ilegales, por encima de la labor tan importante que hacen los líderes en la zona del pacifico caucano”.

Orlando Grueso y Jonathan Cundumi,  los dos líderes asesinados en el Cauca,  lideraban la sustitución gradual y concertada acordada en los diálogos de la Habana y hacían parte de Marcha Patriótica, La COCCANM  y del Movimiento  Étnico del Pacifico.

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